Ganó en Uruguay el Frente Amplio de la centroizquierda, pero que el festejo no tape el precio pagado por la victoria.
Por una mezcla de estrategia electoral y falta de convicción, el Frente Amplio no apoyó el plebiscito para anular la ley de impunidad para los crímenes de la dictadura.
Al menos no apoyó lo suficiente ni mucho menos todo lo que podía.
El plebiscito fue derrotado por un par de puntitos.
A pesar de que hacía pocos días la Corte Suprema había fallado que esa ley no es constitucional.
A pesar de que los principales responsables de la dictadura están presos por violaciones a los derechos humanos.
A pesar del valiente esfuerzo de los familiares de las víctimas de los crímenes que siguen impunes, quienes impulsaron la iniciativa con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema, de la principal central obrera, y de destacados intelectuales del país.
Pero el Frente Amplio casi ni tocó el tema durante la campaña.
Sus candidatos y publicistas eligieron concentrar el mensaje en la imagen de gestión “seria” y “honesta” que supo ganarse el gobierno frenteamplista en la opinión pública uruguaya, en contraste con las sospechas de corrupción que plagaron el anterior gobierno del neoliberal Luis Lacalle, principal candidato opositor y rival de Pepe Mujica en el ballottage de hoy.
Nadie acusó a Lacalle de corrupto durante el largo y civilizado proceso electoral uruguayo, pero tampoco hizo falta.
Alcanzó con mostrar los logros de la presidencia de Vázquez: menos pobreza, menos desigualdad, más presupuesto para salud y educación, inversión extranjera, computadoras para los chicos.
Así, los estrategas del Frente Amplio le escaparon a cualquier debate que llevara a revisitar los traumáticos años setenta y los números parecieron darles la razón.
En cambio la campaña de Lacalle giró alrededor del pasado tupamaro de Mujica.
El candidato de la derecha se cansó de repetir que el Pepe había estado preso por crímenes cometidos contra un gobierno democrático, anterior a la dictadura, bajo la influencia de los ideales de la Revolución Cubana.
Al discurso retrógrado le sumó una serie de errores durante la campaña que incluyó la poco feliz expresión de “pasarle una motosierra al gasto público” ante un electorado que defendió a su Estado aun durante la fiebre neoliberal de los ’90. También se excedió con su discurso de mano dura al afirmar que “la sociedad uruguaya está pidiendo más represión”.
Después de perder en la primera vuelta, Lacalle dobló la apuesta setentista y armó un escándalo alrededor del descubrimiento de un supuesto arsenal de armas tupamaras. De tan burda, la operación de prensa terminó siendo un boomerang que le permitió a Mujica estirar su ventaja en las encuestas, según la opinión casi unánime de los analistas que siguieron el tema.
Entre los sectores medios en disputa, la opereta reafirmó la imagen de Lacalle como el dinosaurio que mira al pasado, en contraste con un Mujica aggiornado con la mira puesta en el futuro.
Para entonces el plebiscito contra la ley de impunidad había sido derrotado.
Mujica lo había apoyado sólo en lo formal. Tabaré Vázquez ni siquiera eso. Tampoco hizo suyo el tema el MPP de los Tupamaros, eje duro de la militancia de base que puso a Mujica donde está.
Según la socióloga uruguaya Alicia Li-ssidini, especialista en democracia directa, las características técnicas del plebiscito también jugaron en contra.
A diferencia del plebiscito organizado por la dictadura para legitimarse y que fuera derrotado en 1980, en este plebiscito no se decidía por sí o por no. Más bien, para votar por el sí, había que incluir una boleta, la llamada papeleta rosa, junto a la boleta de los candidatos en el sobre del voto.
Entonces todos los que no vieron la boleta, o fueron indiferentes a la boleta, o se olvidaron de la boleta, de hecho y quizá sin quererlo, votaron por el no.
En Uruguay existe todavía la cultura de reunirse en la unidad básica y llevar la boleta al cuarto oscuro. Pero en muchos locales partidarios del Frente Amplio la papeleta rosa no fue incluida en los sobres que se repartieron, contó Lissidini, docente de la Universidad de San Martín.
El hasta hoy candidato ensayó una autocrítica bastante ligera en la conferencia de prensa tras el triunfo de la primera vuelta. Dijo que el tema se “perdió un poco” en el fragor de la campaña y que faltó información.
El presidente de la nación y referente del Frente Amplio directamente se abstuvo de opinar sobre el tema, amparándose en la prescindencia que debe ejercer el primer mandatario uruguayo durante las campañas presidenciales, que en Uruguay es ley y también tradición.
Pero en otros temas Vázquez sí opinó, por ejemplo para suavizar las fuertes declaraciones de Mujica sobre Argentina que aparecieron publicadas en un libro pocos días antes de la votación.
“Vázquez estuvo en contra del plebiscito y Mujica tuvo una actitud ambivalente”, analizó Lissidini, recibida en la Universidad de la República, Uruguay, con maestría y doctorado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Durante una entrevista en su oficina de la calle Paraná, la socióloga predijo que Mujica ganaría por siete puntos y dijo que no esperaba grandes cambios en el próximo gobierno del Frente Amplio.
fccMujica ya dijo que Astori va a seguir manejando los temas económicos y es probable que siga el mismo ministro de Economía que terminó la gestión de Vázquez. En la campaña Mujica apenas llegó a insinuar la intención de algún cambio leve al secreto bancario, pilar del sistema financiero uruguayo, y la respuesta fue tan adversa que enseguida se tuvo que echar atrás.
“Uruguay es un país muy dependiente, inclusive mucho más que Bolivia, que tiene el recurso del gas”, dice la socióloga. “Eso influye mucho en el tema del secreto financiero y también otros temas económicos, como el de (la instalación de la papelera de la firma finlandesa) Botnia.”
Habrá cambios, claro que sí. Mujica anunció que no repetiría el veto de Vázquez a una ley para legalizar el aborto. Tampoco impediría que la ley de amnistía se anule en el Congreso. Pero serán cambios graduales, consensuados, contenidos y debidamente canalizados.
“Hasta la oposición tiene límites en Uruguay. Por eso no hay piqueteros. Los reclamos se hacen a través de métodos más institucionalizados”, dijo Lissidini.
Uno de esos métodos es el de la consulta popular. En Uruguay sirvió para ratificar la ley de impunidad. Pero también, en su hora más gloriosa, sirvió para anular una ley del gobierno de Lacalle que le abría la puerta a una ola de privatizaciones.
A diferencia de Venezuela o Ecuador, donde el presidente impulsa directamente o indirectamente la consultas populares, en Uruguay esa prerrogativa del Ejecutivo no existe, dice la socióloga, autora del libro Democracia Directa en Latino-américa.
Entonces el plebiscito funciona en Uruguay como un recurso excepcional. Sirve para corregir una ley mala por el Congreso, como la de las privatizaciones de Lacalle, o para instalar un tema ignorado en la agenda política, como el de la anulación de la ley de impunidad.
Pero no se usa como instrumento del Ejecutivo para gobernar. Complementa la democracia representativa en vez de reemplazarla.
Lissidini lo prefiere así. “La democracia directa tiene que estar en manos de los ciudadanos”. apuntó. “En Uruguay no sólo no perjudicó, sino que dinamizó el sistema de partidos.”
Ese sistema y esa cultura política marcan límites muy precisos a las aspiraciones de Mujica aun antes de asumir.
Como dice el aviso de la tarjeta de crédito, pertenecer tiene sus privilegios. Sólo hay que estar dispuesto a pagarlos
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