miércoles, 15 de junio de 2011
domingo, 12 de junio de 2011
El CERD ante la crisis institucional que atraviesa nuestro país
El Colectivo de Comunicadores/as y Estudiantes Roque Dalton CERD, apoya a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Magistrados elegidos desde 2009 por la Asamblea Legislativa y que desde su elección hasta la fecha, se han destacado por su trabajo a favor de la institucionalidad y el Estado de Derecho de nuestro país.
Rechazamos el decreto 743 aprobado el pasado 2 de junio por los/as diputados/as del parlamento salvadoreño y sancionado por el presidente Mauricio Funes. Pues este contiene una disposición transitoria que reforma la Ley Orgánica Judicial, estableciendo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe tomar las decisiones por unanimidad para dictar sentencia.
Con este decreto la institucionalidad, el Estado de derecho y la voluntad del pueblo es amenazada y este, viene a significar un golpe de Estado técnico a dicha sala, que ha venido emitiendo sentencia a favor de lo que la constitución les dicta, mostrando un trabajo ético y sin ninguna contaminación política partidaria, como debe de ser.
Por lo tanto, exigimos a la Asamblea Leguislativa derogue los mas pronto posible dicho decreto, pues sino, la institucionalidad y los procesos democráticos del país se perderían por completo, significando una crisis, que puede desembocar en un Estado fallido.
Vemos urgente y necesario una asamblea nacional constituyente, por un nuevo Estado protagonico y participativo, que tenga una nueva relación con los/as trabajadores/as, la mujer, la naturaleza y el Genero. Construido desde abajo y desde adentro, desde las bases, los/as trabajadores/as, las/os estudiantes, los pueblos originarios, la diversidad sexual, las mujeres y todos los sectores vulnerados, empobrecidos e históricamente excluidos.
Rechazamos el decreto 743 aprobado el pasado 2 de junio por los/as diputados/as del parlamento salvadoreño y sancionado por el presidente Mauricio Funes. Pues este contiene una disposición transitoria que reforma la Ley Orgánica Judicial, estableciendo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe tomar las decisiones por unanimidad para dictar sentencia.
Con este decreto la institucionalidad, el Estado de derecho y la voluntad del pueblo es amenazada y este, viene a significar un golpe de Estado técnico a dicha sala, que ha venido emitiendo sentencia a favor de lo que la constitución les dicta, mostrando un trabajo ético y sin ninguna contaminación política partidaria, como debe de ser.
Por lo tanto, exigimos a la Asamblea Leguislativa derogue los mas pronto posible dicho decreto, pues sino, la institucionalidad y los procesos democráticos del país se perderían por completo, significando una crisis, que puede desembocar en un Estado fallido.
Vemos urgente y necesario una asamblea nacional constituyente, por un nuevo Estado protagonico y participativo, que tenga una nueva relación con los/as trabajadores/as, la mujer, la naturaleza y el Genero. Construido desde abajo y desde adentro, desde las bases, los/as trabajadores/as, las/os estudiantes, los pueblos originarios, la diversidad sexual, las mujeres y todos los sectores vulnerados, empobrecidos e históricamente excluidos.
CERD y MDP repudian el Decreto 743 que lesiona la débil democracia del país
El Colectivo de Comunicadores/as y Estudiantes Roque Daltón y El Movimiento por la Democracia Participativa MDP, ante los acontecimientos que lesionaron la institucionalidad del país señala:
1)Que el actuar de los partidos políticos y del presidente de la república han sido realmente atentatorios en contra del pueblo salvadoreño y de la incipiente democracia del país.
2)Que el actuar de los partidos políticos evidencia con claridad su decadencia y voluntad de seguir controlando a toda costa el aparato estatal, todo para fortalecer a sus cúpulas que ya no son políticas, sino, empresariales.
3)Que la movilización popular ha logrado que ciertos partidos estén pidiendo derogar el decreto 743 que obliga a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a votar unánimemente y no por mayoría como se hace en toda institución democrática.
4)Que es necesario intensificar la lucha con el fin de que el presidente Mauricio Funes, ahora que se abre el camino para la derogatoria del funesto decreto 743, actúe con la misma diligencia con la que lo sancionó en complicidad con los diputados de los partidos políticos.
5)Que es importante continuar con el apoyo decidido a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que con sus sentencias están poniendo al país en el camino de un verdadero Estado de Derecho.
6)Es vital que los partidos políticos que apoyaron con su voto o con su abstención y que pidieron a los magistrados acatar semejante adefesio jurídico, ya no sigan pisoteando al pueblo entero y se sometan al imperio de la ley, pues nadie debe estar por encima de la misma.
1)Que el actuar de los partidos políticos y del presidente de la república han sido realmente atentatorios en contra del pueblo salvadoreño y de la incipiente democracia del país.
2)Que el actuar de los partidos políticos evidencia con claridad su decadencia y voluntad de seguir controlando a toda costa el aparato estatal, todo para fortalecer a sus cúpulas que ya no son políticas, sino, empresariales.
3)Que la movilización popular ha logrado que ciertos partidos estén pidiendo derogar el decreto 743 que obliga a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a votar unánimemente y no por mayoría como se hace en toda institución democrática.
4)Que es necesario intensificar la lucha con el fin de que el presidente Mauricio Funes, ahora que se abre el camino para la derogatoria del funesto decreto 743, actúe con la misma diligencia con la que lo sancionó en complicidad con los diputados de los partidos políticos.
5)Que es importante continuar con el apoyo decidido a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que con sus sentencias están poniendo al país en el camino de un verdadero Estado de Derecho.
6)Es vital que los partidos políticos que apoyaron con su voto o con su abstención y que pidieron a los magistrados acatar semejante adefesio jurídico, ya no sigan pisoteando al pueblo entero y se sometan al imperio de la ley, pues nadie debe estar por encima de la misma.
El Salvador y el 743
Compartimos la siguiente nota del Partido Socialista Centro Americano PSOCA, la cual describe clara y de manera concreta la crisis actual de nuestra institucionalidad y lo que representa para el pueblo salvadoreño. De ante mano, nos excluimos de cualquier afiliación a dicho partido, pero si, somos abiertos/as a secundar los puntos en que somos convergentes con dicha institución política.
Por: El PSOCA
El pasado 2 de Junio el Presidente Mauricio Funes mandó a publicar el Decreto No 743, aprobado por un acuerdo entre la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa, el cual contiene una disposición transitoria que reforma la Ley Orgánica Judicial, estableciendo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe tomar las decisiones por unanimidad para dictar sentencia.
Este nuevo pero extraño quórum hace que un solo magistrado tenga derecho a veto sobre las decisiones de la mayoría. Evidentemente, que se trata de un subterfugio legal para paralizar la Sala Constitucional en momentos en que ésta iba a dictar sentencias relacionadas con las reformas electorales que tanto ha demandado la sociedad salvadoreña.
Últimamente, la Sala Constitucional ha dictado sentencias que han estremecido el roído sistema político bipartidista salvadoreño: la sentencia que autorizaba la presentación de candidaturas independientes por fuera del control de los partidos políticos; la sentencia que declaró inconstitucional el artículo 191 del Código Penal de El Salvador, despenalizando la crítica periodística y de cualquier otro ciudadano; la sentencia que declaró inconstitucionalidad el Decreto Legislativo N°. 586 que permitió salvar de la desaparición del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Conciliación Nacional (PCN), por no haber obtenido el porcentaje de votos necesarios conforme el antidemocrático Código Electoral.
Muchas de estas controversiales sentencias cuestionan los intereses particulares de las cúpulas de los diferentes partidos políticos que actualmente forman parte de los órganos de gobierno. El decreto No 743 pretende paralizar una posible sentencia que declararía inconstitucional el sistema de residuos El electorales para las elecciones de los diputados
El gobierno de Funes y de FMLN ha pretendido mantener el statu quo establecido con la reaccionaria Constitución de 1983, que fue aprobada en medio de la guerra civil y que no refleja la voluntad democrática del pueblo. Con estas sentencias, la Sala Constitucional ha ganado respeto y prestigio político, pero las sentencias de los magistrados jamás pueden sustituir la creativa voluntad popular. La mayoría del pueblo quiere más democracia, más libertades, quiere terminar con el corrupto sistema político construido por ARENA.
Estamos, pues, ante la primera gran crisis institucional en El Salvador desde la aprobación de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil. Todo indica que la crisis está siendo alentada desde las alturas y que el trasfondo es que, tanto el Presidente Funes, como ARENA y el FMLN, están reacomodándose para negociar un posible acuerdo nacional que defina el statu quo. El ex presidente Cristiani, dirigente de ARENA, ha dicho que están listos para negociar con el FMLN.
Mientras las cúpulas se reacomodan para negociar, un sector de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, han salido a las calles a luchar por la derogación del Decreto No 743, brindando apoyo político a los magistrados de la Sala Constitucional.
Aunque los magistrados de la Sala Constitucional con sus resoluciones pretenden una mayor apertura democrática del régimen político, no se está produciendo una mayor democratización del régimen político, sencillamente porque el pueblo no está participando en las decisiones. Hasta el momento, el gobierno del FMLN no ha tenido la capacidad de profundizar la democracia y garantizar verdaderos espacios de participación política a la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares.
El viejo edificio del Estado burgués salvadoreño, construido por ARENA, está crujiendo. La crisis institucional esta llevando a un deterioro de la frágil democracia existente en El Salvador, aparejado con un repunte del militarismo. Lo anterior lleva a plantearse la interrogante a quién beneficia esta crisis, y quienes están detrás de los magistrados de la Sala Constitucional.
Desde el [[--]] PSOCA consideramos que ha llegado el momento de derogar la reaccionaria Constitución de 1983, la cual en muchos de sus aspectos esta descontextualizada. Llamamos a las organizaciones políticas, y sociales a exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que contengan las garantías jurídicas y materiales que garanticen el verdadero cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de los trabajadores y del pueblo salvadoreño.
¡Abajo el Decreto No 743! ¡Por una Asamblea Nacional Constituyente!
El pasado 2 de Junio el Presidente Mauricio Funes mandó a publicar el Decreto No 743, aprobado por un acuerdo entre la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa, el cual contiene una disposición transitoria que reforma la Ley Orgánica Judicial, estableciendo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe tomar las decisiones por unanimidad para dictar sentencia.
Este nuevo pero extraño quórum hace que un solo magistrado tenga derecho a veto sobre las decisiones de la mayoría. Evidentemente, que se trata de un subterfugio legal para paralizar la Sala Constitucional en momentos en que ésta iba a dictar sentencias relacionadas con las reformas electorales que tanto ha demandado la sociedad salvadoreña.
Últimamente, la Sala Constitucional ha dictado sentencias que han estremecido el roído sistema político bipartidista salvadoreño: la sentencia que autorizaba la presentación de candidaturas independientes por fuera del control de los partidos políticos; la sentencia que declaró inconstitucional el artículo 191 del Código Penal de El Salvador, despenalizando la crítica periodística y de cualquier otro ciudadano; la sentencia que declaró inconstitucionalidad el Decreto Legislativo N°. 586 que permitió salvar de la desaparición del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Conciliación Nacional (PCN), por no haber obtenido el porcentaje de votos necesarios conforme el antidemocrático Código Electoral.
Muchas de estas controversiales sentencias cuestionan los intereses particulares de las cúpulas de los diferentes partidos políticos que actualmente forman parte de los órganos de gobierno. El decreto No 743 pretende paralizar una posible sentencia que declararía inconstitucional el sistema de residuos El electorales para las elecciones de los diputados
El gobierno de Funes y de FMLN ha pretendido mantener el statu quo establecido con la reaccionaria Constitución de 1983, que fue aprobada en medio de la guerra civil y que no refleja la voluntad democrática del pueblo. Con estas sentencias, la Sala Constitucional ha ganado respeto y prestigio político, pero las sentencias de los magistrados jamás pueden sustituir la creativa voluntad popular. La mayoría del pueblo quiere más democracia, más libertades, quiere terminar con el corrupto sistema político construido por ARENA.
Estamos, pues, ante la primera gran crisis institucional en El Salvador desde la aprobación de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil. Todo indica que la crisis está siendo alentada desde las alturas y que el trasfondo es que, tanto el Presidente Funes, como ARENA y el FMLN, están reacomodándose para negociar un posible acuerdo nacional que defina el statu quo. El ex presidente Cristiani, dirigente de ARENA, ha dicho que están listos para negociar con el FMLN.
Mientras las cúpulas se reacomodan para negociar, un sector de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, han salido a las calles a luchar por la derogación del Decreto No 743, brindando apoyo político a los magistrados de la Sala Constitucional.
Aunque los magistrados de la Sala Constitucional con sus resoluciones pretenden una mayor apertura democrática del régimen político, no se está produciendo una mayor democratización del régimen político, sencillamente porque el pueblo no está participando en las decisiones. Hasta el momento, el gobierno del FMLN no ha tenido la capacidad de profundizar la democracia y garantizar verdaderos espacios de participación política a la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares.
El viejo edificio del Estado burgués salvadoreño, construido por ARENA, está crujiendo. La crisis institucional esta llevando a un deterioro de la frágil democracia existente en El Salvador, aparejado con un repunte del militarismo. Lo anterior lleva a plantearse la interrogante a quién beneficia esta crisis, y quienes están detrás de los magistrados de la Sala Constitucional.
Desde el [[--]] PSOCA consideramos que ha llegado el momento de derogar la reaccionaria Constitución de 1983, la cual en muchos de sus aspectos esta descontextualizada. Llamamos a las organizaciones políticas, y sociales a exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que contengan las garantías jurídicas y materiales que garanticen el verdadero cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de los trabajadores y del pueblo salvadoreño.
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