Por: El PSOCA
El pasado 2 de Junio el Presidente Mauricio Funes mandó a publicar el Decreto No 743, aprobado por un acuerdo entre la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa, el cual contiene una disposición transitoria que reforma la Ley Orgánica Judicial, estableciendo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe tomar las decisiones por unanimidad para dictar sentencia.
Este nuevo pero extraño quórum hace que un solo magistrado tenga derecho a veto sobre las decisiones de la mayoría. Evidentemente, que se trata de un subterfugio legal para paralizar la Sala Constitucional en momentos en que ésta iba a dictar sentencias relacionadas con las reformas electorales que tanto ha demandado la sociedad salvadoreña.
Últimamente, la Sala Constitucional ha dictado sentencias que han estremecido el roído sistema político bipartidista salvadoreño: la sentencia que autorizaba la presentación de candidaturas independientes por fuera del control de los partidos políticos; la sentencia que declaró inconstitucional el artículo 191 del Código Penal de El Salvador, despenalizando la crítica periodística y de cualquier otro ciudadano; la sentencia que declaró inconstitucionalidad el Decreto Legislativo N°. 586 que permitió salvar de la desaparición del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Conciliación Nacional (PCN), por no haber obtenido el porcentaje de votos necesarios conforme el antidemocrático Código Electoral.
Muchas de estas controversiales sentencias cuestionan los intereses particulares de las cúpulas de los diferentes partidos políticos que actualmente forman parte de los órganos de gobierno. El decreto No 743 pretende paralizar una posible sentencia que declararía inconstitucional el sistema de residuos El electorales para las elecciones de los diputados
El gobierno de Funes y de FMLN ha pretendido mantener el statu quo establecido con la reaccionaria Constitución de 1983, que fue aprobada en medio de la guerra civil y que no refleja la voluntad democrática del pueblo. Con estas sentencias, la Sala Constitucional ha ganado respeto y prestigio político, pero las sentencias de los magistrados jamás pueden sustituir la creativa voluntad popular. La mayoría del pueblo quiere más democracia, más libertades, quiere terminar con el corrupto sistema político construido por ARENA.
Estamos, pues, ante la primera gran crisis institucional en El Salvador desde la aprobación de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil. Todo indica que la crisis está siendo alentada desde las alturas y que el trasfondo es que, tanto el Presidente Funes, como ARENA y el FMLN, están reacomodándose para negociar un posible acuerdo nacional que defina el statu quo. El ex presidente Cristiani, dirigente de ARENA, ha dicho que están listos para negociar con el FMLN.
Mientras las cúpulas se reacomodan para negociar, un sector de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, han salido a las calles a luchar por la derogación del Decreto No 743, brindando apoyo político a los magistrados de la Sala Constitucional.
Aunque los magistrados de la Sala Constitucional con sus resoluciones pretenden una mayor apertura democrática del régimen político, no se está produciendo una mayor democratización del régimen político, sencillamente porque el pueblo no está participando en las decisiones. Hasta el momento, el gobierno del FMLN no ha tenido la capacidad de profundizar la democracia y garantizar verdaderos espacios de participación política a la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares.
El viejo edificio del Estado burgués salvadoreño, construido por ARENA, está crujiendo. La crisis institucional esta llevando a un deterioro de la frágil democracia existente en El Salvador, aparejado con un repunte del militarismo. Lo anterior lleva a plantearse la interrogante a quién beneficia esta crisis, y quienes están detrás de los magistrados de la Sala Constitucional.
Desde el [[--]] PSOCA consideramos que ha llegado el momento de derogar la reaccionaria Constitución de 1983, la cual en muchos de sus aspectos esta descontextualizada. Llamamos a las organizaciones políticas, y sociales a exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que contengan las garantías jurídicas y materiales que garanticen el verdadero cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de los trabajadores y del pueblo salvadoreño.
¡Abajo el Decreto No 743! ¡Por una Asamblea Nacional Constituyente!
El pasado 2 de Junio el Presidente Mauricio Funes mandó a publicar el Decreto No 743, aprobado por un acuerdo entre la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa, el cual contiene una disposición transitoria que reforma la Ley Orgánica Judicial, estableciendo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe tomar las decisiones por unanimidad para dictar sentencia.
Este nuevo pero extraño quórum hace que un solo magistrado tenga derecho a veto sobre las decisiones de la mayoría. Evidentemente, que se trata de un subterfugio legal para paralizar la Sala Constitucional en momentos en que ésta iba a dictar sentencias relacionadas con las reformas electorales que tanto ha demandado la sociedad salvadoreña.
Últimamente, la Sala Constitucional ha dictado sentencias que han estremecido el roído sistema político bipartidista salvadoreño: la sentencia que autorizaba la presentación de candidaturas independientes por fuera del control de los partidos políticos; la sentencia que declaró inconstitucional el artículo 191 del Código Penal de El Salvador, despenalizando la crítica periodística y de cualquier otro ciudadano; la sentencia que declaró inconstitucionalidad el Decreto Legislativo N°. 586 que permitió salvar de la desaparición del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Conciliación Nacional (PCN), por no haber obtenido el porcentaje de votos necesarios conforme el antidemocrático Código Electoral.
Muchas de estas controversiales sentencias cuestionan los intereses particulares de las cúpulas de los diferentes partidos políticos que actualmente forman parte de los órganos de gobierno. El decreto No 743 pretende paralizar una posible sentencia que declararía inconstitucional el sistema de residuos El electorales para las elecciones de los diputados
El gobierno de Funes y de FMLN ha pretendido mantener el statu quo establecido con la reaccionaria Constitución de 1983, que fue aprobada en medio de la guerra civil y que no refleja la voluntad democrática del pueblo. Con estas sentencias, la Sala Constitucional ha ganado respeto y prestigio político, pero las sentencias de los magistrados jamás pueden sustituir la creativa voluntad popular. La mayoría del pueblo quiere más democracia, más libertades, quiere terminar con el corrupto sistema político construido por ARENA.
Estamos, pues, ante la primera gran crisis institucional en El Salvador desde la aprobación de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil. Todo indica que la crisis está siendo alentada desde las alturas y que el trasfondo es que, tanto el Presidente Funes, como ARENA y el FMLN, están reacomodándose para negociar un posible acuerdo nacional que defina el statu quo. El ex presidente Cristiani, dirigente de ARENA, ha dicho que están listos para negociar con el FMLN.
Mientras las cúpulas se reacomodan para negociar, un sector de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, han salido a las calles a luchar por la derogación del Decreto No 743, brindando apoyo político a los magistrados de la Sala Constitucional.
Aunque los magistrados de la Sala Constitucional con sus resoluciones pretenden una mayor apertura democrática del régimen político, no se está produciendo una mayor democratización del régimen político, sencillamente porque el pueblo no está participando en las decisiones. Hasta el momento, el gobierno del FMLN no ha tenido la capacidad de profundizar la democracia y garantizar verdaderos espacios de participación política a la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares.
El viejo edificio del Estado burgués salvadoreño, construido por ARENA, está crujiendo. La crisis institucional esta llevando a un deterioro de la frágil democracia existente en El Salvador, aparejado con un repunte del militarismo. Lo anterior lleva a plantearse la interrogante a quién beneficia esta crisis, y quienes están detrás de los magistrados de la Sala Constitucional.
Desde el [[--]] PSOCA consideramos que ha llegado el momento de derogar la reaccionaria Constitución de 1983, la cual en muchos de sus aspectos esta descontextualizada. Llamamos a las organizaciones políticas, y sociales a exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que contengan las garantías jurídicas y materiales que garanticen el verdadero cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de los trabajadores y del pueblo salvadoreño.
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